Desde hace bastante tiempo en España el despido es, generalmente, libre pero no gratuito. Pero existen diferentes posibilidades una vez que se llega a este extremo en la relación con un empleado. Entre las más habituales, está el despido procedente, algo que no impide que se pueda acceder posteriormente a las ayudas y subvenciones del estado.

Para que se entienda de manera sencilla, el despido procedente es el que se realiza de forma correcta y, además, tiene el aval de un juez. Esto último es muy importante, ya que la empresa no puede catalogar de esta forma el final de una relación laboral, a no ser que un magistrado así lo dictamine. Si esto es así, se entiende que tanto el procedimiento como las causas se ajustan a un derecho.

Indemnización por despido procedente

Si se establece que un despido está bien ejecutado por parte de la empresa, el empleado tiene derecho a una indemnización en el caso de ser objetivo o colectivo. En esta situación, se consigue un equivalente de 20 días de salario por año trabajado (con un máximo de 12 mensualidades). Como hemos indicado antes, no se tiene restricción alguna respecto al pedir ayudas y subvenciones del Estado de forma habitual.

Si el tipo de despido procedente es disciplinario, no se tiene derecho a ningún tipo de indemnización económica por parte de la empresa. Eso sí, en todos los casos no se perderá el derecho a cobrar el finiquito (es la suma de salarios no cobrados, vacaciones, horas extraordinarias y otros conceptos que pueda deber la empresa).